Sanidad identificará a los que vienen a su segunda residencia en la región

Todavía, con una segunda prórroga en marcha del estado de alarma, siguen llegando a municipios extremeños ciudadanos de otras regiones que tienen aquí una segunda residencia. Están prohibidos esos desplazamientos pero se siguen realizando en la práctica. Muchos alcaldes han dado la voz de alarma. Incluso han emitido bandos desaconsejando esas llegadas. La Junta da ahora un paso más. La Consejería de Sanidad pedirá a guardias civiles, policías nacionales y policías locales que les manden los datos cuando les identifiquen.

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) publicó ayer una resolución del consejero y vicepresidente segundo, José María Vergeles. En ella, en primer lugar, se emplaza a esos ciudadanos, muchos de ellos emigrantes extremeños que regresan por estas fechas a la comunidad autónoma, «a someterse a un régimen voluntario de cuarentena domiciliaria durante un período de catorce días». Es una recomendación, no una obligación. En eso no hay cambios sobre lo que ya estaba pasando.

Lo novedoso es que a partir de estos momentos las fuerzas de seguridad del Estado (guardias civiles y policías nacionales) y las policías locales, dependientes de los ayuntamientos, notificarán a la Consejería de Sanidad la identidad de esas personas procedentes de otras comunidades autónomas que se hayan desplazado a Extremadura para ocupar segunda residencias o las de familiares o allegados.

Se hace, se especifica en la resolución que aparece en el DOE, «a fin de adoptar las medidas preventivas y sancionadoras que procedan».

Desde la Administración autonómica se considera que esos desplazamientos comportan un «elevado riesgo» para la salud pública al facilitar la posible transmisión de la COVID-19, en especial, cuando estos provienen de regiones con altas tasas de infección.

Es lo que ocurre con los que viven habitualmente en Madrid y Cataluña, dos territorios donde hay un amplio número de ciudadanos extremeños.

De 60.000 a 600.000 euros

Los datos de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica del pasado 2 de abril parecen revelar, señala la resolución de Sanidad, que la cifra de nuevos contagios diarios en Extremadura tiene tendencia hacia la estabilización e incluso al descenso, indicándonos que podríamos haber llegado al pico de la curva.

Por esta circunstancia «es muy importante evitar por todos los medios nuevas fuentes externas de posibles contagios».

En este sentido, la Delegación del Gobierno en Extremadura ha trasladado a guardias civiles y a los agentes de policía que deben identificar a los ciudadanos que accedan en esta situación a su segunda residencia en los pueblos.

Después los agentes notificarán a la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales el nombre de esas personas «que hayan incumplido esta recomendación, tomando razón de su identidad, procedencia y de las circunstancias del incumplimiento», se expresa.

Los desplazamientos desde Madrid o Cataluña comportan un elevado riesgo de contagio

Se enfrentan a sanciones que contemplan multas de hasta 60.000, en unos casos, o 600.000 euros en otros si al final se estima que han ocasionado un problema de salud pública en Extremadura.

En todo caso, hay que recordar que desde hace varios días los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado mantienen operativos de vigilancia en entornos rurales de la comunidad autónoma para evitar desplazamientos a segundas residencias y casas de campo, así como en las distintas vías de circulación.

Ese dispositivo intenta controlar a corto plazo la llegada de ciudadanos aprovechando la Semana Santa a pesar del obligado confinamiento por el estado de alarma que, como se admite desde la Administración, hay personas que aún se lo están saltando.

La última estadística oficial ofrecida por el Ministerio del Interior señala que desde que se declaró el estado de alarma y hasta ayer se habían concretado 9.493 propuestas de sanción y 75 detenciones en Extremadura por esquivar la limitación de movimientos.