Quince municipios, entre ellos Jerez, cobrarán una tasa a las eléctricas por ocupar fincas públicas

Torres eléctricas de alta tensión para el transporte de energía en las proximidades de Mérida. /BRÍGIDO
Torres eléctricas de alta tensión para el transporte de energía en las proximidades de Mérida. / BRÍGIDO

Valencia del Mombuey, Oliva de la Frontera y Siruela han ganado ya los pleitos planteados y otros diez municipios han aprobado la ordenanza

CELESTINO J.VINAGRE

Una sentencia, la tercera sobre el asunto, dictada el pasado 25 de abril por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) viene a confirmar la posibilidad de que los ayuntamientos extremeños tengan nuevos ingresos. Quince municipios de la región (trece de la provincia pacense y dos de la cacereña) podrán cobrar a partir de este año una tasa a las instalaciones eléctricas. La sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJEx acaba de rechazar el recurso presentado por Red Eléctrica de España contra el Consistorio de Oliva de la Frontera, en la Sierra Suroeste. El Ayuntamiento olivero es el tercero, tras el vecino de Valencia de Mombuey y el de Siruela (La Siberia) que gana en los tribunales a las empresas eléctricas.

Hace un año, en Mérida, la Diputación de Badajoz convocó una reunión. A ella asistieron representantes de los municipios que, según el estudio elaborado por el Organismo Autónomo de Recaudación (OAR) de la Diputación, podían poner en marcha una nueva ordenanza.

Una normativa para cobrar una tasa a las empresas que transportan energía eléctrica y para ello tienen que ocupan fincas públicas para su red de distribución. Terreno público para instalar torres de alta tensión o subestaciones, por ejemplo.

Técnicamente se llama tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local a través de instalaciones de transporte y distribución de energía eléctrica constituidas sobre el suelo, subsuelo o vuelo municipal. «Hicimos un estudio de toda la provincia, de los municipios y sus fincas ocupadas por las redes de transporte. Concluimos que era legal establecer una tasa nueva», explica Ana María Frade, jefa del Servicio de Gestión Tributaria y Catastral del OAR pacense.

Localidades

Valencia del Mombuey, Oliva de la Frontera, Jerez de los Caballeros, Herrera del Duque, Siruela, Helechosa de los Montes, Villarta de los Montes, Fuenlabrada de los Montes, Alconera, Casas de Don Pedro, Orellana la Vieja, Valdecaballeros y Almendral, en la provincia de Badajoz, más Serradilla y Cañamero, en la de Cáceres, son las localidades extremeñas que tienen en vigor la ordenanza o están en su última fase de aprobación.

La previsión de ingresos avanzada por el OAR para el conjunto de las trece localidades de la provincia de Badajoz indican unos ingresos de 320.000 euros cada año. Este diario no ha podido contar con el dato del dinero previsto por los municipios de Serradilla y Cañamero.

«Se tributa el transporte de energía ocupando una finca de dominio público, que por lo general son fincas rústicas aunque no solo se circunscribe a estas sino a cualquier terreno público susceptible de aprovechamiento», agrega Frade a HOY.

En el estudio del OAR se determinó que trece municipios pacenses podían poner en marcha esa ordenanza. En realidad hay más localidades posibles «pero tienen pequeñas superficies ocupadas por instalaciones eléctricas y el importe al que tendrían derecho es escaso». En Cáceres se desconoce cuántas poblaciones podrían beneficiarse.

Valencia del Mombuey (700 vecinos, Sierra Suroeste), fue el primero que activó la ordenanza. Y el primero que recibió el recurso de Red Eléctrica. «Nos explicaron desde la Diputación que se podía cobrar y dimos el paso. Fuimos el que abrimos la puerta. Afortunadamente ya se ha ganado en los tribunales y esperamos cobrar a final de año. Son 50.000 euros anuales», relata Manuel Naharro, su alcalde.

«Para los municipios pequeños es una nueva vía más de ingresos. Ha sido clave en todo esto el papel de la Diputación. Su ayuda es fundamental. Nosotros no tenemos ni medios jurídicos ni fondos propios para enfrentarnos a las eléctricas en juicios», agrega Naharro.

La Diputación de Badajoz, además de redactar la ordenanza tipo y ofrecer apoyo técnico para cuantificar la tasa, pone el abogado en los pleitos interpuestos por Red Eléctrica a Iberdrola, la otra empresa que tiene recurrida la tasa en la región.

Informe económico

«Para Oliva de la Frontera (5.190 habitantes) va a suponer unos nuevos ingresos de 105.000 euros cada año. Es una cantidad muy importante que nos permitirá mejorar los servicios del municipio», resalta la alcaldesa, Luisa Osorio. Mientras, en Jerez, el tercer municipio de Sierra Suroeste que ha decidido cobrar la tasa, las expectativas pasan por percibir unos 35.000 euros al año según el estudio del OAR.

Las empresas de transporte eléctrico creen que la ordenanza impulsada por los municipios extremeños debe ser declarada nula y, además, no quieren pagar cantidad alguna por ocupación de finca pública. Los jueces han dicho que tanto la ordenanza como la tasa es legal.

«Recurren el propio hecho imponible y dicen que no están haciendo una ocupación de dominio público pero hay jurisprudencia, incluidas sentencias del Supremo, que dan la razón a los municipios», explica la jefa del servicio de gestión tributaria y catastral del OAR.

En la sentencia del 25 de abril, en la que Red Eléctrica recurrió la norma del Ayuntamiento de Oliva, se recoge que tampoco están de acuerdo con el informe técnico-económico que se ha elaborado para cuantificar la tasa. «Se parte de una valoración catastral del terreno y se comprueban igualmente datos de las inversiones realizadas. Es una fórmula objetiva y justificada aunque ahora los recurrentes estén planteando otro método», finaliza Frade.