Pleno de enero del año pasado en Jerez en el que triunfó la moción de censura presentada por el PSOE. A la derecha de la imagen, en primer lugar, Manuela Cordobés. Enfrente, Juan Carlos Santana, alcalde saliente.

Jerez protagoniza la primera sentencia que condena el transfuguismo en la región

El fallo del Contencioso, que acabará en el TSJEx, se basa en una resolución del Supremo sobre un caso en un municipio valenciano

Celestino J. Vinagre
CELESTINO J. VINAGRE

Una sentencia firmada el 11 de enero por la jueza María Angustias Marroquín Parra sanciona el transfuguismo producido en el Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros. La magistrada del Juzgado de lo Contencioso número 2 de Badajoz afirma que la concejala Manuela Cordobés es una tránsfuga y no tiene derecho a tener competencias ni a formar parte del Gobierno local. No solo eso: debe devolver al Consistorio los 2.000 euros aproximadamente que ha cobrado durante seis meses por asistencias a juntas de gobierno. Que se conozca, es la primera resolución de un juez sobre el transfuguismo político en Extremadura. Está en parte sustentada en otro caso sucedido en un municipio de Valencia. En cualquier caso, el fallo no implica un cambio en el gobierno municipal de Jerez, cuya Alcaldía ostenta la socialista Virginia Borrallo.

La sentencia no es firme y se puede recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Borrallo ha avanzado que lo va a hacer.

El fallo del Contencioso interpreta, siguiendo una sentencia del Tribunal Supremo, las limitaciones que la Ley de Bases del Régimen Local impone a los ediles no adscritos si son considerados tránsfugas. Es decir, concejales que lograron su acta dentro de una formación política y que la abandonan por decisión propia sin renunciar a seguir siendo ediles.

Manuela Cordobés formó parte como independiente de la candidatura del PP en las elecciones de 2019. Salió elegida edil. Junto a los otros tres concejales del PP apoyó a Juan Carlos Santana, de Unidas Podemos como alcalde. La elección de este fue fruto de un pacto de tres partidos: PP, Ciudadanos y UP y supuso el paso del PSOE a la oposición.

Cordobés formó parte de la junta de gobierno municipal, sin llegar a estar liberada. En agosto de 2020 el alcalde le quitó las delegaciones de Cultura, Patrimonio y Turismo por votar en contra del proyecto de presupuestos locales. Cordobés dejó el gobierno municipal y pasó a ser concejala no adscrita dentro del consistorio jerezano.

En enero de 2021 Manuela Cordobés apoyó la moción de censura presentada por los socialistas. Esa moción convirtió a Virginia Borrallo en alcaldesa. Cordobés, cuyo voto fue decisivo, entró en la nueva junta de gobierno municipal y se le asignaron delegaciones. Estuvo en ella unos seis meses, también sin estar liberada. En estos momentos Cordobés ya no forma parte de esa junta, pero mantiene varias competencias.

La sentencia del Contencioso dice que su inclusión en esa junta y la asunción de competencias siendo edil no adscrita no se ajusta a que lo que dice el artículo 73.3.3º de la Ley de Régimen Local y debe ser anulada. Y Cordobés debe devolver al Ayuntamiento jerezano el dinero percibido por asistir a sus reuniones en los meses en que formó parte. Teniendo en cuenta que son 150 euros por asistencia a esas juntas, la cantidad a devolver rondará los 2.000 euros, según fuentes municipales.

Doctrina del Supremo

La magistrada afirma en la sentencia que la ley «impide que se asuman cargos o que se perciban retribuciones que antes no ejercía e impliquen mejoras personales, políticas o económicas». Añade que se trata de «un supuesto clarísimo de transfuguismo político». Por ello se debe anular su nombramiento como integrante de la junta de gobierno y responsable de varias delegaciones.

La juez pone como ejemplo una sentencia del Supremo de octubre de 2020 sobre un caso en Font de la Figueras (Valencia) para avalar su decisión.

Una edil, que sacó su acta bajo la candidatura de Ciudadanos, pasó a ser no adscrita tras apoyar la elección de un alcalde de Compromís en lugar de apoyar a la candidata del PP. El Supremo dice que esa concejala valenciana debe devolver 18.120,73 euros, lo que cobró tras ser nombrada responsable de Economía, Turismo y Sanidad.