«En Jerez, la oposición juega al acoso y derribo contra la concejala no adscrita»

Tras la celebración del último pleno ordinario, Manuela Cordobés, concejala no adscrita, señala que «aunque los plenos municipales tienen como propósito crear un espacio de debate entre gobierno y oposición para abordar la gestión pública, así como para hacer propuestas que mejoren las condiciones de vida de los ciudadanos, en esta ciudad, la oposición juega al acoso y derribo contra la concejala no adscrita, lo que se evidenció en la petición pública de dimisión y que ya viene precedida por la misma petición en privado cuando todavía formaba parte del anterior equipo de gobierno».

Lamentablemente, continúa, «esta oposición resta valor a que el actual equipo de gobierno gestione correctamente el pago a proveedores, por valor de 21.000 euros, en momentos tan críticos para la pequeña empresa de nuestra ciudad. También, ha conseguido que, en ordenanzas municipales, haya que eliminar las bonificaciones por empadronamiento para el acceso a la Escuela Municipal de Música, Escuela de Deportes, Piscina, actividades del Hogar de Mayores, así como para la construcción de primera vivienda para los menores de 30 años, etc.».

Así mismo, «desacredita a los empleados municipales, con el grave perjuicio que ello supone para el ejercicio de sus funciones en condiciones de imparcialidad y rigor profesional, haciendo un señalamiento público carente de ética y sobriedad».

Su preocupación no es el patrimonio, indica la concejala no adscrita, «muestra de ello es que se negaron a asignar una partida presupuestaria para arreglar la Torre Sangrienta y la del Carbón, y de ahí derivó mi expulsión del anterior equipo de gobierno. Si el interés por el patrimonio que exhibe Carlos Boza fuera sincero, ¿no parecería lógico que destinara todos sus esfuerzos en conservar la deteriorada casa familiar situada en la calle Abajo, en pleno casco histórico y por donde transitan todos los turistas que visitan nuestra ciudad?».

Para justificar su expulsión del equipo de gobierno, señala, «iniciaron a toda prisa la recuperación de las torres, detectándose varias irregularidades impropias de una administración sujeta a la Ley de Contratos del Sector Público». Estas irregularidades, manifiesta Cordobés, corresponden a que «primero, no se solicitaron tres presupuestos para la contratación de la redacción del proyecto, lo que hubiera garantizado los principios de libertad de acceso a contratos, publicidad y transparencia en los procedimientos y no discriminación, al objeto de justificar la obtención de la mejor oferta. Todo ello, contradice sus exigencias del principio de transparencia al gobierno local; segundo, el proyecto para la restauración de las torres estaba pensado para que lo ejecutara un paredero, según manifiesta Boza en un vídeo publicado en RTVJ. El coste del proyecto era de 78.082,32 euros y, curiosamente, está en el límite de los 80.000 euros a partir de cuya cantidad se ha de demostrar la solvencia técnica del empresario; tercero, con esta triquiñuela, parece ser que se burla la ley de contratos y se posibilita la contratación a dedo que tanto critica la oposición y de la que se jacta, y cuarto, la técnica municipal es quien ha tenido que establecer la correspondencia entre las intervenciones proyectadas por el equipo redactor del proyecto y las condiciones exigidas por la Comisión Provincial de Patrimonio». Así, indica, «de no haber intervenido la responsable del Plan de Protección del Casco Histórico, el arreglo de las torres hubiera sido un 46,4% más caro para los jerezanos y hoy no sería una realidad pendiente solo del trámite de contratación. Posiblemente, Boza dirá que el proyecto lo dejó hecho, pero ya poca gente puede creer sus medias verdades o mentiras, como lo prefieran».

Así las cosas, señala, «se atreven a decir que habían dejado un proyecto preparado para su ejecución, lo que me suscita la siguiente pregunta: ¿se parecerá este proyecto al iniciado en el pantano de Brovales y que, ahora, nos costará a los jerezanos alrededor de 70.000 euros (edificación ilegal, denuncia por edificación, ilegal, materiales, mano de obra y demolición)?».

En los pocos meses de gestión del nuevo equipo de gobierno, manifiesta, «hemos contratado acciones para la puesta en valor de la Domus Romana, hemos conseguido el último informe sectorial para la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana, hemos iniciado acciones para la recuperación del lienzo de muralla y más asuntos que irán viendo la luz en el futuro».