La Fiscalía pide 2,2 millones a los acusados del derribo de la ermita de Santa María de Brovales

Peticiones de pena de cárcel y del pago de cantidades millonarias a los cuatro imputados por un delito contra el patrimonio histórico por el derribo de la ermita de Santa María de Brovales, en el término de Jerez de los Caballeros, un hecho que avanzó este diario en marzo de 2021. La Fiscalía y la acusación particular, la Junta de Extremadura, han presentado ya sus escritos de acusación contra Ignacio Bernaldo de Quirós Loring, administrador único de la sociedad ganadera que explota la parcela donde esta el inmueble religioso. También contra las otras personas que están investigadas, vinculadas con la finca y la empresa que, con una retroexcavadora, demolió el singular edificio, protegido por la Ley de Patrimonio de Extremadura.. La instrucción en el juzgado de Jerez se ha dado por finalizada y las actuaciones continúan ahora en el Juzgado de lo Penal de Badajoz.

Según puede adelantar HOY, las peticiones de pena de cárcel oscilan entre los 3 años y seis meses de prisión que reclama la Administración extremeña para los cuatro investigados, y el año y seis meses de cárcel que solicita el Ministerio Público. Acusación pública y particular coinciden en tipificar los hechos como un delito contra el patrimonio histórico aunque el fiscal lo vincula al artículo 321 del Código Penal y el Gobierno regional al 323, al considerar la Junta que es especialmente grave y ha afectado a un bien histórico.

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La petición de penas de cárcel es para todos igual, sin hacer distinción entre el dueño de la finca y de la empresa y los trabajadores contratados y que ejecutaron la casi demolición del edificio religioso.

En cuanto a indemnizaciones pedidas, la Fiscalía solicita que los acusados indemnicen de forma conjunta a la Junta de Extremadura con 186.905 euros para la reconstrucción de la ermita, según puede informar este diario. A eso añade el pago de de 2.068.500,83 euros para la reparación de los perjuicios causados en el yacimiento arqueológico. Hay que recordar que la ermita se alzaba sobre un primitivo yacimiento romano. A esas cuantías se les añadirán intereses.

En el escrito de acusación de la Junta no se especifica cantidad alguna reclamada. Se indica, eso sí, que debe ordenarse a cargo de los cuatro imputados la reparación de los daños causados y la restauración, en la medida de lo posible, de esos bienes dañados. Con todo, existe un informe de la Consejería de Cultura en el que se determinan los daños reales.

Subsidiariamente, de esas cantidades, pide el fiscal, respondería la sociedad Las Veranas SL. Como contó este periódico, el dueño de la finca Santa María de Brovales es Las Veranas, con sede en Madrid. Su administrador único era hasta noviembre de 2020 Francisco Bernaldo de Quirós y Fernández de Córdova, vigésimo marqués de Bacares y vigésimo tercer conde de la Puebla. Tomó el relevo de la sociedad agroganadera su tercer hijo, Ignacio Bernaldo de Quirós, de 30 años.

Además de esos 2,2 millones en total, la Fiscalía reclama una multa de 5.400 euros para cada uno de los cuatro investigados. Igualmente se reclama la inhabilitación especial por espacio de tres años para el ejercicio de la profesión u oficio que tenga que ver con el patrimonio. Por último reclama para cada acusado la inhabilitación del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.