m. p. romero / c. j. vinagre
Martes, 23 de febrero 2021, 19:25
La Iglesia posee en Extremadura 668 templos y 314 fincas cuya propiedad el Estado plantea, ahora, revisar. Estos 982 bienes inmuebles fueron inmatriculados (inscritos por primera vez en el Registro de la Propiedad) entre los años 1998 y 2015, y figuran en el inventario que el Consejo de Ministros ha estudiado la pasada semana antes de enviar al Congreso. De ellos, 8 figuran en Jerez de los Caballeros. Y 29, en total, en el registro de la propiedad correspondientes a nueve localidades de la zona: la propia Jerez, Oliva de la Frontera, Salvaleón, Salvatierra de los Barros, Valle de Matamoros, Valle de Santa Ana, Valencia del Mombuey, Zahínos y Barcarrota. La intención del Gobierno es que esa relación sea publicada para que cualquier persona, colectivo o administración pueda reclamar la propiedad de alguno de estos bienes si entiende que tiene derecho a ello.
En el caso jerezano, los bienes inmatriculados, en las últimas dos décadas, han sido las cuatro iglesias parroquiales: San Bartolomé, Santa María, San Miguel y Santa Catalina. A ellos, se suman cuatro ermitas: Los Santos Mártires, Espíritu Santo, San Roque y San Lorenzo, según ha informado a HOY el arzobispado de Mérida-Badajoz. El listado al que ha tenido acceso este periódico indica, genéricamente, que son siete templos y una ermita las inmatriculadas en Jerez, aunque se trata de una denominación genérica porque la realidad es que son cuatro iglesias y cuatro ermitas. En todos los casos, la Iglesia las ha registrado como propias con la única certificación del obispo de la diócesis como aval, no con otro documento notarial.
El registro de la propiedad de Jerez de los Caballeros ha contabilizado 29 bienes en municipios de su competencia. Son 8 bienes en Jerez, como se ha indicado; 6 en Barcarrota (entre ellos, dos casas rectorales y el centro parroquial); otros 6 en Oliva (entre ellos, un olivar y un solar); 2 en Salvaleón, Salvatierra y Valle de Matamoros (entre ellos, una casa que sí cuenta con otro documento de inscripción distinto al eclesiástico); y 1 bien en Zahínos, Valle de Santa Ana y Valencia del Mombuey.
Que el listado de bienes abarque solo el periodo 1998-2015 se debe a que en esos dos ejercicios se aprobaron reformas legales claves para entender la polémica surgida esta semana al conocerse su contenido y los planes del Gobierno. En 1998, el Ejecutivo central de Aznar reformó la Ley Hipotecaria de 1946, que ya permitía a la Iglesia católica registrar bienes con una certificación eclesiástica, o sea, con la firma del obispo. Lo que hizo la reforma de 1998 fue ampliar esta potestad a lugares que no fueran de culto, una posibilidad que estuvo vigente hasta el año 2015.
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