Aula de infantil de un colegio de Mérida hace tres años.
Aula de infantil de un colegio de Mérida hace tres años. / HOY.

Las aulas se van quedando sin niños

  • En la pública y la concertada coinciden en que hay que aprovechar para bajar el ratio de alumnos por docente | Sindicatos y asociaciones de madres y padres esperan de la Junta que no se supriman unidades debido al descenso de la natalidad

El viernes de la semana pasada terminó el periodo de inscripción escolar. De nuevo ha habido colegios en los que antes era muy difícil entrar y ahora hay plazas disponibles. Esto elimina muchas tensiones entre los padres, pero es un escenario que activa otro debate ya recurrente, el que enfrenta a los defensores de la enseñanza concertada con aquellos que apuestan decididamente solo por la pública.

Ahora la novedad es que la natalidad lleva varios años seguidos descendiendo, por ello la demanda de plazas en los colegios es menor. Falta ver cómo procesa esta cuestión la Administración educativa, pero en el fondo del asunto, tanto los defensores de la concertada como de la pública coinciden en que lo deseable es mantener el mismo número docentes y que así puedan atender a menos niños cada uno.

En Extremadura, según la proyección del Instituto Nacional de Estadística, habrá 66.454 personas menos, o sea que la población descenderá el 6,1%. Ya hay datos que invitan a creer en estos augurios demográficos, como el descenso de la natalidad. Si en el año 2000 nacieron en Extremadura 10.133 bebés, en 2015, que son los que se escolarizarán el próximo curso la cifra del INE fue de 8.895.

Para los representantes de ambas posturas ha llegado la oportunidad de bajar la ratio, aunque lógicamente hay matices sobre cómo afrontar el nuevo escenario. Según una parte, ningún recurso público debe verse afectado. Según la otra, la enseñanza concertada debe seguir estando garantizada para defender la libertad de elección. .

Hace poco más de un año, en enero de 2017, la Consejería de Educación ya propuso suprimir 37 clases de Infantil y Primaria el siguiente curso debido a la falta de matrículas rigiéndose por un principio tan básico como ajustar la oferta y la demanda en la escuela pública. El dato facilitado entonces por la Consejería de Educación era que 5.928 plazas escolares de tres años se quedarán libres por falta de alumnos.

Al final, este curso empezó en enseñanzas obligatorias con casi mil alumnos menos (el 0,6% menos) y 123 docentes más (0,8% más). La propuesta conocida este año desde Educación es crear 138 plazas de profesores y suprimir 93 de maestros pues cada vez hay menos niños y niñas en Infantil y Primaria.

La tendencia es que la cifra de alumnos seguirá descendiendo. En el sindicato Pide su coordinador, José Manuel Chapado, habla de que «los recursos son limitados y se reparten entre la enseñanza pública y la privada, pero cuando llegan los recortes se hacen sobre la pública y se mantienen los conciertos con los otros centros», critica Chapado.

Según Francisco Javier Montserrat, coordinador general de Unión Sindical Obrera (USO), la libertad de elección debe primar al tomar cualquier decisión que afecte a la educación, por eso no es partidario de reducir la presencia de la educación concertada. «Debido al descenso demográfico los sorteos y los desbordamientos de matrículas son cosas del pasado, por eso desde USO pedimos que el descenso de natalidad se utilice para bajarla ratio de alumnos por maestro en la educación de tres años. Si ahora está en 25 alumnos por maestro pues que haya un máximo de 18 o 20, pero en ningún caso suprimir unidades».

El mundo rural

A la hora de analizar la enseñanza pública y la privada concertada hay más cuestiones que se ponen sobre la mesa. Una es que Extremadura es rural y la mayor parte de alumnos solo puede optar a un centro público; otra es que los centros concertados no son una fábrica de hacer dinero como se les critica al tildarlos de negocios privados.

Según recuerda el representante de Pide, más de la mitad de los pueblos extremeños tiene menos de 500 habitantes, lugares donde la educación privada concertada no existe porque no hay negocio, por lo que la libertad de elección de centro es un concepto muy dudoso para este sindicato. Esto significa que cada vez que se cierran unidades o incluso colegios afecte a centros públicos. «Incluso van a desaparecer escuelas rurales, centros que a lo mejor tienen cuatro o cinco alumnos», señala Chapado. «Es que a lo mejor como padre -prosigue- yo ya me planteo dejar el pueblo porque no hay colegio y deberíamos pensar en esto».

Según Francisco Javier Montserrat, de USO, «La pluralidad es sinónimo de libertad, y solo es posible si hay diversidad de colegios (...) resulta espeluznante ver cómo algunos llevan a cabo la defensa de los intereses de una parte de los trabajadores de la Enseñanza solicitando mejoras en detrimento del resto». Por ello, apuesta por una convivencia colaborativa. «Superar el conflicto permanente en la enseñanza permitirá seguir el camino adecuado, ya que si contamos con varios puntos de coincidencia y podemos llegar por consenso a un acuerdo, aunque sea de mínimos, estaremos más cerca de centrarnos en conseguir una Educación de calidad», afirma.

Padres y madres polarizados

Las asociaciones de Madres y Padres de alumnos también están polarizados a la hora de defender el modelo público o el privado concertado.

Desde la Freapa, defensora de lo público y que preside Joaquín León, opinan que en la década de los ochenta la enseñanza concertada cobró sentido ante el aluvión de alumnos que hubo en aquella época. En su opinión, la única ventaja que tiene hoy un centro concertado, y esto es el motivo por el que algunos gozan de tanta demanda, es que los padres no se enfrentan a un segundo proceso de escolarización, ya que si ingresan con tres años en infantil automáticamente pasan a primaria y secundaria en el mismo centro.

Por otro lado, León recuerda que «el sistema actual no ofrece equidad porque en las ciudades sí está la concertada, pero en los pueblos no, de modo que no hay igualdad».

Enfrente está la Concapa, cuyo presidente Ángel Borreguero, reivindica un pacto educativo que acabe con este debate y mejore la calidad de la enseñanza, mientras subraya que la ley extremeña les reconoce el 20% de los recursos. Tampoco entiende por qué la Freapa defiende la educación pública atacando a la concertada.

El representante de la Concapa reclamó en el último consejo escolar que se suprima la zonificación. «Esto no es libertad de centro porque te debes a tu zona y esto en otras comunidades como Madrid o Asturias no existe».

En su opinión, hay más demanda de centros concertados por varios motivos: «uno es la calidad, otro por los principios y a veces por la religión», señala. Sin embargo, hay otros concertados que necesitan alumnos y cada curso han de hacer campañas de captación para que no les cierren unidades. «Esto viene muy bien porque es una manera de explicar lo que oferta cada uno».

Según Borreguero, y en esto coincide con el resto, en vez de cerrarse unidades cuando no se llena el aula, se debe bajar la ratio de docentes por alumnos. «La bajada de la natalidad no debe servir para cerrar aulas sino para aumentar la calidad de la enseñanza».

El sindicato Pide, defensor de la pública, sostiene que la concertada goza en Extremadura de unos privilegios que la pública no tiene. Pone como ejemplo el disfrute de terrenos en el centro de las ciudades que están dedicados a dotación educativa.

Sin embargo, Borreguero, que preside la Concapa, recuerda que los centros privados concertados con la Administración no son empresas dedicadas al lucro. «No son un negocio siempre. La realidad es que la mayoría de las veces no llega para pagar la calefacción. De hecho, tanto en Badajoz hace poco como ahora en Fuente de Cantos las congregaciones que llevaban los centros se han tenido que convertir en cooperativas».

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