El grupo Gallardo Balboa recurre la orden que regula la subasta de interrumpibilidad

El grupo Gallardo Balboa recurre la orden que regula la subasta de interrumpibilidad

  • Es un sistema por el que las empresas que más electricidad consumen están dispuestas a reducir o suspender su consumo energético en momentos de mayor demanda eléctrica

Grupo Gallardo Balboa (Extremadura), Sidenor (País Vasco) y Siderúrgica Sevillana (Andalucía) recurrirán ante del Tribunal Supremo la nueva orden ministerial que regula la próxima subasta de interrumpibilidad, por considerar que se trata de un mecanismo «no competitivo», que «se ha ajustado sólo en beneficio de unos pocos».

La interrumpibilidad es un sistema por el que las empresas que más electricidad consumen están dispuestas a reducir o suspender su consumo energético en momentos de mayor demanda eléctrica, o para aportar una reducción puntual del coste de la electricidad, indicaron en una nota conjunta los tres grupos.

La nueva orden, ETU/362/2018, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 6 de abril de este año, sustituye, entre otras modificaciones, los bloques de 90 megavatios (MW) por otros de 40 MW, «en teoría accesibles para un mayor número de empresas».

Sin embargo, estas empresas consideran que «al mantener la misma exigencia de disponibilidad de dicha potencia interrumpible durante al menos el 91% de las horas de cada mes, sigue beneficiando a las empresas que antes optaban a los bloques de 90 MW (5 en la última subasta), ya que prácticamente ninguna otra compañía podrá cumplir esa exigencia».

Como consecuencia, según añaden, el requerimiento de la Comisión Europea de aumentar la competitividad de la subasta «seguirá sin cumplirse».

Así, entienden que esta nueva regulación «daña seriamente» los intereses de las siderúrgicas de Extremadura, Andalucía y País Vasco denunciantes que, «fabricando los mismos productos, no pueden competir con industrias del mismo sector que estarán incentivadas por este servicio de interrumpibilidad».

Por este motivo, reclaman al ministerio y a Red Eléctrica (REE), el operador del sistema, «reducir la exigencia de disponibilidad en los bloques de 40 MW, suavizar el régimen sancionador, y para los bloques de 5 MW aumentar el volumen de potencia interrumpible comprada, aproximándola a la ofertada».

De este modo, señalan que el Gobierno de España debe implementar las medidas «necesarias» para que este sistema, «injusto a todas luces y fuera de la normativa europea que exige mayor competitividad», sea «equilibrado», y para que puedan optar al mismo «todas las industrias electrointensivas en igualdad de condiciones».

La nueva subasta hará «más difícil» que las siderúrgicas denunciantes puedan acceder a los bloques que les permitan seguir siendo «competitivas» en los mercados nacionales, europeos e internacionales, por lo que se están planteando «no participar», añaden.

Grupo Gallardo Balboa, Sidenor y Siderúrgica Sevillana también elevarán su denuncia ante la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) que supervisa esta subasta de interrumpibilidad y que ya ha exigido al Gobierno de España, en «reiteradas ocasiones», la «mejora» en la competitividad del sistema de subasta de los bloques de 90 MW.

Estas siderúrgicas continúan reclamando un sistema de precios energéticos «comparable» al del resto de países europeos, países en los que desarrollan una actividad industrial sus principales competidores (el coste energético es entre un 30% y un 50% inferior al español), y que «se adecúe la carga fiscal de dichos precios para no poner en riesgo la viabilidad de sus plantas y de los empleos que generan».

Críticas de la CNMC

En su informe sobre la propuesta de orden, la CNMC ha criticado que el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital no haya aprovechado para llevar a cabo una revisión del mecanismo de interrumpibilidad, de cara a la nueva subasta que se realizará para el periodo comprendido de junio a diciembre de este año, para adaptarlo a la normativa europea.

La CNMC señala que el Ministerio justificó la existencia de dos subastas este año por necesitar más tiempo para adaptar el servicio a las exigencias de la Unión Europea y los cambios que introducirá el nuevo marco regulatorio europeo, cuya entrada en vigor está prevista a finales de 2018.

Sin embargo, el organismo indica que no aprecia en la propuesta de orden del Ministerio «ninguna de las reformas regulatorias prometidas anteriormente».

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