La Junta plantea multar con 30.000 euros al adulto que compre alcohol para menores

Macrobotellón en Badajoz.
Macrobotellón en Badajoz.
  • La propuesta concede un plazo de seis meses a los ayuntamientos para que adapten sus ordenanzas a la nueva norma autonómica

Los adultos que compren bebidas alcohólicas para menores cometerán una infracción grave, por lo que podrán recibir una multa de hasta 30.000 euros. Así se establece en el anteproyecto de Ley de prevención del consumo de alcohol por menores de edad, que ayer recibió el visto bueno del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura.

El texto se enviará al Consejo de Estado para que emita el dictamen que exige la legislación extremeña. Después regresará al Ejecutivo regional, que podrá introducir nuevas modificaciones antes de enviarlo a la Asamblea de Extremadura para su debate y votación.

De esa forma, aún faltan varios meses para que se apruebe una norma cuyo texto todavía no es definitivo, ya que su redacción final dependerá de las enmiendas que se introduzcan en la tramitación parlamentaria. Pero la versión aprobada por el Gobierno regional da una idea de las intenciones de la Junta.

Esta norma pretende hacer frente a un fenómeno cada vez más extendido, el consumo abusivo de alcohol a edades tempranas. Para el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, es una de las prioridades de la legislatura.

La norma inició su tramitación en octubre con la exposición del borrador del anteproyecto de ley. Como recogió entonces HOY, una de las novedades era autorizar a los agentes de Policía Local a realizar pruebas de alcoholemia a menores que estén consumiendo en lugares públicos. En el texto aprobado ayer se mantiene, pero en otros artículos ha habido cambios.

Por ejemplo, se considerará infracción grave comprar alcohol para menores. En la propuesta anterior se prohibía, pero no se tipificaba. Además, se endurecen las sanciones. En la propuesta inicial podían llegar a 10.000 euros, mientras que ahora las graves se elevan a un máximo de 30.000 euros. Las leves serían de 60 a 600 euros y las muy graves hasta 600.000 euros, como se planteaba.

Junto a esto, se especifica que las sanciones podrán tener como consecuencia accesoria el decomiso de las mercancías u objetos directamente relacionados con los hechos constitutivos de la infracción y, en su caso, su posible destrucción.

En cualquier caso, la redacción mantiene en líneas generales la propuesta que se expuso en octubre, aunque se han introducido pequeños cambios tras el periodo de consultas. Sin embargo, no todas las alegaciones han sido atendidas. En la propuesta inicial se indicaba que la ley entraría en vigor a los tres meses de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, tras lo cual los ayuntamientos dispondrían de un año para adaptar sus ordenanzas. El Consejo Económico y Social indicó en su dictamen que ese plazo era demasiado breve. Ahora se plantea que la ley entre en vigor a los seis meses de su publicación y que para entonces los municipios ya deberían haber modificado sus normas.

Trabajos para la comunidad

El presidente de la Junta recalcó que con esta norma se pretende hacer frente a un problema que cada vez preocupa más a la sociedad, pero recalcó que «no podemos sustituir a las familias».

Por ese motivo, indicó que la ley incide en la prevención y en sanciones que no pretenden recaudar dinero o cerrar locales, sino evitar una conducta que se considera perjudicial. Con ese objetivo, se propone sustituir las multas (excepto en infracciones muy graves) por trabajos o actividades en beneficio de la comunidad, algo que en la Ley de convivencia y ocio de Extremadura, que será derogada, sólo se contempla para mayores de 16 y menores de 18 años.

Además, en caso de consumo de alcohol por menores, podrá sustituirse la multa por la participación del infractor en programas preventivos de carácter formativo o informativo, o de tratamiento.

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